EXCESOS

Vivimos en la cultura de los extremos. Nada es gris, todo blanco o negro. La rotundidad hace fortuna y más cuando es patrimonio de los voceros públicos sea cual sea la filiación. Tras la extensa y dura sentencia del 18/98, que bajo el argumento absolutista garzoniano de “todo es ETA” ha puesto en la cárcel a dirigentes, asociados y simples militantes de un gran número de organizaciones de la llamada izquierda abertzale, aparecen tesis grandilocuentes como la del EA Consejero Azkarraga cuando dice que se ha instaurado el “delito de opinión” o que “no se han puesto los medios para buscar la verdad”. No hay matices. No se analizan argumentos de uno y otro signo, se debaten y se exponen. Todos tienen razón, la Razón, con mayúsculas. Pero el ciudadano asombrado ya no sabe qué pensar y si una institución como es el Gobierno Vasco, lanza acusaciones tan contundentes a los jueces como las de “retorcer la legalidad por motivaciones políticas”, qué no podrá suceder mañana cuando estos mismos jueces, aunque sea en otra jurisdicción, tengan que dirimir algún conflicto entre partes del Estado. La condena de alguien bajo la imputación de graves delitos, es un asunto muy serio, que requiere de grandes dosis de equilibrio y templanza. Requiere conocimiento y prueba de los hechos. Argumentos y demostración de lo imputado. Y adecuación de la condena a los hechos probados. Bajo este prisma resulta difícil de entender alguna de las condenas que hemos conocido, y se han de iniciar los procedimientos para recurrir todo aquello que ofrezca duda. Los tribunales superiores de justicia, el Supremo y el Constitucional, no será la primera vez que modifiquen sentencias y en este caso esperemos que obren conforme a los principios rectores de un Estado de Derecho, como no puede ser de otra manera. Si no fuera así, como parece insinuar el Gobierno Vasco, habríamos vuelto al Estado predemocrático en el que la ley era patrimonio de los poderosos y no lo que nos hace ciudadanos libres y por tanto iguales.